La colectivización de la propiedad horizontal o Consorcio participativo

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AIPH Asociación Civil de Administradores de Consorcios de PH

14 DE NOV. DE 2017 — ANTECEDENTES
La actividad de administrar consorcios, generalmente subestimada, es sumamente compleja.
El administrador maneja dinero ajeno y su mandato se define a través de asambleas y votaciones.
Al igual de lo que sucede con los políticos su trabajo es juzgado en forma permanente y, a diferencia de aquellos, están solos frente a sus electores.
A pesar de que son elegidos y removidos en forma libre por sus mandantes sin necesidad de plazos ni expresión de causa, desde el año 2009 (rediseño del Registro de Administradores) el Estado comenzó un proceso ininterrumpido de incorporación de controles y regulaciones a su actividad basado en la modificación de la Ley 941 de 2002.
Los argumentos de la Ciudad, palabras más o palabras menos, rondaron siempre sobre las “frecuentes quejas” sobre los administradores. Quejas en muchos casos ciertas y válidas pero en muchos otros casos no. Lo cierto es que estas nuevas regulaciones solo generaron negocios para los administradores inescrupulosos y el cierre de administraciones honestas. Alcanza con comparar los costos de las expensas entre un edificio en La Plata y uno en Buenos Aires para determinar la nocividad de todas las medidas del GCBA.

CONSORCIO PARTICIPATIVO
Hace unos pocos días el Gobierno de la Ciudad, con un importante despliegue publicitario, ha sorprendido con un proyecto de ley para crear “Consorcio Participativo”, un sistema online para que los administradores de consorcios utilicen en forma gratuita y de esta forma lograr:
Que las liquidaciones de expensas puedan emitirse y consultarse por los propietarios e inquilinos vía internet en todo momento.
Que los propietarios e inquilinos puedan acceder a copias digitales de los comprobantes por gastos realizados, del reglamento, actas y otra información útil.
Abrir un canal de comunicación (reclamos, foros, etc.) para los integrantes del consorcio.
Construir un ranking de administradores según la valoración plasmada en el sistema por los mismos clientes.

Que los consorcios accedan en forma automática a servicios bancarios (recaudación de expensas, créditos, etc.).
Lo que más sorprende del proyecto de H. Rodriguez Larreta no son los deseables objetivos de comunicación y transparencia sino que los quiera aplicar en forma compulsiva.
Disimulado en una medida de “control a los administradores” (tiene buena prensa castigarlos), el Gobierno pretende legislar el funcionamiento de la propiedad horizontal (potestad que solo tiene el Congreso Nacional) y someter a dos terceras partes de la población de Buenos Aires de una forma nunca antes vista:
Imponiendo la obligatoriedad de utilizar una única aplicación diseñada por el Estado cuando existen en el mercado treinta o cuarenta aplicaciones con los mismos fines y mayores prestaciones. Los consorcios y administradores perderán opciones. Al mismo tiempo, esto eliminará de un plumazo a decenas de empresas que ejercen una actividad útil y legal sin permitirles siquiera la posibilidad de competencia.
Asignando el desarrollo de la aplicación al Banco Ciudad a cambio de otorgarle la prerrogativa de ofrecer a través de dicho sistema sus productos desde una posición de privilegio cuando existen numerosos bancos y sistemas de recaudación que ofrecen sus servicios en forma libre a los consorcios. Marginará a bancos y otras empresas provocando daños y haciendo difícil la libre elección de los clientes. Téngase en cuenta el negocio financiero que pretende cooptar la Ciudad: la propiedad horizontal mueve un presupuesto que al menos triplica la recaudación del ABL.
Acumulando en forma compulsiva información sobre gastos y decisiones privadas sin ninguna justificación ni derecho. El Gobierno de la Ciudad recopilará datos sobre qué marca de lavandina utiliza cada consorcio, quiénes contratan empresas de limpieza o de vigilancia, cuánto se gasta en plomería y en qué departamentos, cuánto paga y debe de expensas cada uno del millón de propietarios o inquilinos de la Ciudad, qué opina cada vecino de sus semejantes y qué ideas propone, qué se votó en cada asamblea, cuánta plata tienen los fondos de reserva y mucha más información de altísima sensibilidad.
Fabricando su propia audiencia. Al obligar a un millón de propietarios a pasar por su portal para poder reclamar la destapación del baño estará logrando penetrar en sendos hogares a los que sin duda acompañará con información oficial.
Interfiriendo en la relación privada entre propietarios e inquilinos. Sin conocimiento sobre la multiplicidad de contratos existentes obliga a un tercero -el administrador- a darle desmarcada participación a quienes no son parte del vínculo consorcial, provocando conflictos innecesarios y colisionando contra normas elementales del derecho civil.

En definitiva, el Gobierno no está planteando brindar una útil aplicación online, está avanzando frente a una sociedad distraída hacia una virtual colectivización de la propiedad horizontal.
Cuando se obliga al administrador a utilizar un determinado aplicativo en realidad se está obligando al consorcio de la misma forma.
No se trata de los administradores, se trata de la vida privada de quienes viven en departamentos que pasará a estar bajo la lupa y el control del Estado utilizando a los administradores como excusa.

LA HISTORIA SIN FIN
Parece exagerado. Tristemente no lo es.
Quienes venimos siguiendo el derrotero de normativa vinculada a los consorcios impuesta durante los últimos ocho años observamos un nuevo jalón del mismo camino.
Sin ir más lejos, el año pasado se dispuso por ley (la llamada Ley Muñoz) que el Registro de Administradores pasaría a estar bajo la órbita de un nuevo organismo controlado en la práctica por el Suterh de Víctor Santa María. El escándalo fue enorme y la misma unanimidad que sancionó la ley posteriormente la derogó.
En lo que respecta a la propiedad horizontal en la Ciudad de Buenos Aires el PRO y el Frente para la Victoria vienen funcionando en implacable tándem disparando regulaciones de dudosa legalidad que asfixian cada vez más la vida de quienes viven en departamentos.

EL GCBA TIENE QUE RECTIFICAR SU POSTURA
El Gobierno local podría ser consecuente con el cambio que pregona.
Si está bueno lo que proponen deberían hacer un aplicativo que COMPITA y SEDUZCA, y no que SOMETA y PROHIBA a los particulares.
Los propietarios de Buenos Aires son inteligentes, sabrán elegir.

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